La Constitución de 1978, en su artículo 20.1.d), dice:» Se reconocen y protegen los derechos […] A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». La ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su artículo 12 afirma que “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”.
Pero por información pública no debemos entender solamente lo contenido en documentos históricos o en archivos y expedientes administrativos. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones (art. 13 de la citada ley de transparencia). Esto incluye, por tanto, toda la información que ayuntamientos, ministerios y comunidades autónomas publican en sus páginas web, es sus sedes electrónicas, en sus portales de transparencia y datos abiertos, etc.
La pregunta es obvia: ¿Es cierto que todas las personas pueden acceder a la información pública? Más bien parece que solo puedan disfrutar de ese derecho democrático aquellos que tengan la formación y la capacidad suficientes como para interpretar la información que se contiene en los documentos y en otros soportes públicos.
Si dentro de un esquema de comunicación emisor-mensaje (código)-receptor, un mensaje no es emitido usando el mismo código que emplean los receptores, la comunicación se vuelve imposible o, por lo menos, defectuosa. Es como si, exagerando un poco, un ayuntamiento español publicara un trámite electrónico en latín, la mayor parte de los interesados no sabrían realizarlo; pues eso mismo es lo que ocurre en la realidad cuando se publica usando un lenguaje que no es lo bastante claro y sencillo, que no tiene la capacidad de llegar a todos.
Sin embargo, el empeño de una gran parte de emisores de información pública en parapetarse detrás de un lenguaje técnico y, muchas veces, oscuro y arcaico, impide el acercamiento real de la administración a la ciudadanía.
En definitiva, no se trata de emplear un lenguaje para niños, ni mucho menos; se trata de usar el lenguaje de forma eficaz, simplificando oraciones y utilizando una terminología accesible a todos, sin que, por otro lado, se pierda nada de la información que se quiere transmitir. No es tarea fácil. Requiere un esfuerzo y un cambio de cultura. Es uno de los grandes trabajos que tienen pendiente la mayoría de las administraciones públicas si realmente quieren añadir valor a la información que ofrecen y ganar en eficacia a la hora de gestionar sus relaciones con la ciudadanía.
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